Las provincias y los municipios de todo el país percibieron desde marzo de 2009 hasta agosto último, $ 61.291.624.664 en concepto de coparticipación del Fondo Federal Solidario, conformado con el 30% de lo que la Nación recauda por retenciones a las exportaciones de soja.
De eliminarse estas retenciones, como vienen prometiendo algunos candidatos a presidente, las provincias y los municipios dejarían de recibir en su conjunto, de $ 15.000 millones a $ 20.000 millones al año.
De hecho, en 2014 el Fondo Federal Solidario distribuyó $ 14.700 millones; y en lo que va de 2015, ya repartió $ 12.000 millones, lo que hace suponer que cerrará el año en unos $ 18.000 millones.
Lo percibido por provincias y municipios durante 2014 por las retenciones a las soja, representó un tercio del gasto que realizaron en infraestructura, por ejemplo.
Para el caso de Buenos Aires, las transferencias del Fondo Federal Solidario representaron aproximadamente 29% del gasto en capital de la provincia, mientras que para Córdoba y Santa, dicho ratio fue de 31% y 23%, respectivamente.
Buenos Aires es la jurisdicción que más ingresos recibió por este concepto, con $ 11.500 millones, en tanto que Santa Fe y Córdoba, que en principio se oponían a la medida, también estuvieron entre las principales beneficiadas al recibir $ 5.290 millones y $ 5.256 millones, respectivamente.
Incluso la ciudad de Buenos Aires, cuyo jefe de Gobierno y candidato a presidente por Cambiemos, Mauricio Macri, prometió eliminar las retenciones, percibió en seis años, $ 1.460 millones.
Este año, a modo de ejemplo, ya lleva $ 285,2 millones en ocho meses, con una proyección para todo el año de $ 430 millones, lo que significará 37% de los $ 1.157 millones que la Ciudad decidió destinar a lo largo de 2015 para obras y mantenimiento en establecimientos educativos.
Otro de los que prometió modificar el actual esquema de retenciones, para reducirlas, es el diputado nacional y candidato a presidente por Unidos por una Nueva Argentina (UNA), Sergio Massa, que hasta 2013 fue intendente de la localidad bonaerense de Tigre, donde predomina su poder político.
En el caso de este municipio bonaerense, desde 2009 hasta agosto último, por concepto de coparticipación de Fondo Provincial Solidario, obtuvo unos $ 58 millones.
Si se toma en cuenta, lo percibido en lo que va del año, $ 12 millones, y que lo proyectado para todo 2015 es de unos $ 18 millones, esta cifra supera en un millón el presupuesto de la Agencia de Planificación Urbana, y representa casi la mitad del de la Secretaría de Control Urbano y Política Ambiental del municipio.
El FFS tuvo su origen luego de la crisis provocada por la Resolución 125, y se dictó con el objetivo de generar un instrumento que redistribuya con carácter federal los excedentes generados por la comercialización de la soja.
El llamado «fondo sojero», que se distribuye a las provincias, se constituye con el 30% de lo que percibe el Estado en concepto de retenciones por la exportación de soja, en todas sus variedades y derivados, y se caracteriza por tres aspectos fundamentales:
Se reparte entre las distintas provincias de forma automática y sin discrecionalidad utilizando el mismo criterio que en la Ley Federal de Coparticipación.
Además, un 30% del monto dirigido a las provincias debe ser a su vez girado de forma automática a los municipios dependiendo de la cantidad de población y otros criterios establecidos en la Ley N°10820 de Coparticipación Municipal.
Estos fondos están condicionados a ser dirigidos a financiar proyectos «que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales».
En el decreto se prohíbe el uso de los fondos para el financiamiento de gastos corrientes, siendo sujetos al control previsto por la ley orgánica de municipalidades y el artículo 159 de la constitución provincial.
Además, se reducen los efectos adversos del traslado de los precios internacionales de los alimentos y la sojización en la economía, a la vez que se busca el desarrollo y la diversificación de las economías regionales beneficiando al pequeño y mediano productor.
Fuente. Télam