El juez federal Sebastián Casanello ordenó nuevas medidas de prueba en la causa contra Mauricio Macri abierta por las revelaciones de los Panamá Papers . El juez pidió información sobre sociedades que hasta ahora no estaban bajo investigación.
Se trata de compañías que podrían haber estado ligadas al Presidente, más allá de las dos sociedades por las que se lo había denunciado originalmente: las offshore Fleg Trading LTD, de Bahamas, y Kagemusha, de Panamá.
Los investigadores parten de que existió un «conglomerado de sociedades» interconectadas. Llegan a esa información a partir de aquellas dos firmas a las que ahora incorporaron. De este modo, la causa ya va mucho más allá de si Macri incumplió alguna norma al no declarar las dos offshore.
El fiscal del caso, Federico Delgado, había advertido ya en su requerimiento de instrucción que más allá de la posible omisión maliciosa en declaraciones juradas, debía investigarse la vida de las sociedades para ver si había algún delito, algo que fue cuestionado por la defensa de Macri.
Casanello, a pedido de Delgado, solicitó ahora a la Inspección General de Justicia (IGJ) copia certificada de los legajos completos de las sociedades Grumafra SA, Socma Americana SA, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group. Todo entre 1985 y 2007.
El juez también pidió copia a la Oficina Anticorrupción de la declaración jurada de bienes presentada por Macri en 2015. Y a la justicia civil, que envíe copia certificada de los estatutos de Fleg Trading y de las declaraciones juradas de Francisco Macri «relacionadas con Fleg Trading» entre 1998 y 2005. Casanello advirtió en su resolución que ambos documentos fueron presentados ya en su juzgado, en copia, por Francisco Macri el mes pasado.
Además, entre las nuevas medidas, el juez solicitó que a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) se obtenga información sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido de Fleg Trading LTD y Kagemusha, las dos firmas originalmente investigadas, y también las sociedades Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group. Son supuestas sociedades relacionadas con la genealogía de las primeras firmas investigadas.
Este pedido a la UIF lo solicitó Casanello en paralelo con los exhortos ya librados en busca de datos.
La defensa del presidente Mauricio Macri presentó la semana pasada un escrito en esta causa quejándose de la amplitud que estaba tomando el caso. Cuestionó las medidas de prueba que estaban pidiendo, sobre todo, el denunciante y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que entre muchas otras diligencias había solicitado investigar el contenido patrimonial de los dos divorcios de Macri.
El escrito fue presentado por Ricardo Rosental, abogado del Presidente, que afirmó que de ningún modo se oponían a la investigación, pero sostuvo que el caso tenía ribetes de «excursión de pesca», fórmula con la que los abogados llaman a las investigaciones que van más allá de lo denunciado (y lo que constituye el objeto procesal de un caso) para indagar en toda la vida del acusado para ver si aparece algo irregular.
Fuente: El Once