La Corte Suprema de Justicia declaró nulo el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales y estableció la obligatoriedad de realizar audiencias públicas de manera previa, instancia que el Gobierno nacional anunció convocará para dentro de tres semanas al tiempo que instruirá a las empresas distribuidoras a refacturar el servicio en base a los cuadros tarifarios vigentes al 31 de marzo pasado.
Con el pronunciamiento, el máximo tribunal puso algo de claridad al complejo entramado judicial que se desarrolló desde la publicación de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía que dispusieron un nuevo cuadro tarifario para el servicio de gas en todo el país y que desde entonces acumuló casi medio centenar de amparos en su contra.
No obstante, el fallo -que no incluye a industrias, comercios y otro tipo de entidades sociales como los clubes de barrio- anticipa una nueva tanda de presentaciones ante la justicia de los sectores que no se encuentran comprendidos.
Alrededor de tres horas después de conocido el fallo, el Gobierno salió a fijar su posición sobre el tema a través de una conferencia de prensa brindada por el jefe de Gabinete, Marco Peña; y los ministros de Justicia, Germán Garavano; y de Energía, Juan José Aranguren.
En ese marco, Peña anticipó la inminente convocatoria a audiencias públicas -que podrían realizarse en un plazo de tres semanas- y la refacturación del servicio para usuarios residenciales.
La decisión de la Corte -de carácter unánime debido a que fue rubricada por su presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Héctor Rosatti- ratificó la decisión tomada por la Cámara Federal de La Plata que anuló las resoluciones tomadas por el Ministerio de Energía para implementar la suba en la tarifa del gas debido a que no se llevaron a cabo audiencias públicas de manera previa.
Al cuantificar el fallo en lo que respecta al total de usuarios, los residenciales explican el 26 por ciento del total del consumo de gas, mientras que las industrias, comercios y demás sectores dan cuenta del 74% restante.
A los usuarios residenciales «no se les puede cobrar el aumento ni el retroactivo», resumió uno de los jueces del máximo Tribunal en su pronunciamiento. A lo que agregó que para la fijación de la tarifa del gas, la audiencia pública «previa» es de «cumplimiento obligatorio».
La decisión de la Corte apuntó al amparo constitucional de los sectores «más vulnerables», en tanto que para el resto de los consumidores (usinas, generadores -34 por ciento del consumo- e industrias -29 por ciento-, entre otras categorías), se mantiene vigente el incremento que surge de las resoluciones ministeriales.
Al hacer alusión a la protección a los «más vulnerables», y considerando que el Estado Nacional interviene directamente en la fijación del precio La Corte Suprema de Justicia declaró hoy nulo el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales y estableció la obligatoriedad de realizar audiencias públicas de manera previa, instancia que el Gobierno nacional anunció convocará para dentro de tres semanas al tiempo que instruirá a las empresas distribuidoras a refacturar el servicio en base a los cuadros tarifarios vigentes al 31 de marzo pasado.
Desde el Gobierno, Peña, Garavano y Aranguren salieron a decir que las audiencias públicas se realizarán «en el tiempo más breve que permite la ley» y que por ese motivo la convocatoria se podría llegar a oficializar en los próximos días.
En ese marco, Peña dijo que el cuadro tarifario anterior -que rigió hasta el 31 de marzo pasado- «está vigente, por lo tanto se va a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior y que en los próximos días se vaya normalizando las facturas que no se han pagado y demás».
«En segundo lugar, (el fallo) también deja claro que lo no residencial está vigente y es válido, y eso también creemos que es importante», agregó.
De manera preventiva, el Gobierno convocará también audiencias públicas para analizar la suba de la tarifa de electricidad, en lo que respecta al ámbito metropolitano donde operan Edenor y Edesur, donde un fallo de la Cámara Federal de La Plata suspendió su aplicación por tres meses y una jueza Federal de San Martín decretó la nulidad de las resoluciones que dieron vía libre a la suba de la luz.
El ministro Aranguren también ratificó la convocatoria a audiencia pública para octubre próximo, que tiene por objetivo la Revisión Tarifaria Integral (RTI).
Hasta el momento, el Gobierno no se manifestó respecto al costo fiscal que tendrá la aplicación de la resolución de la Corte, que en medios privados se estimó en unos 20 millones de pesos sólo para cubrir la demanda de recursos del servicio del gas, y a lo que se sumarían otros 15 mil millones de pesos en caso de contemplar una medida similar para el sector eléctrico.
La medida judicial generó al mismo tiempo el descontento de los sectores que no fueron contemplados en el beneficio de la nulidad de los aumentos, en particular los productivos y de servicios, y desde distintas entidades ya se anticipó en la jornada que avanzarán con sus propias medidas cautelares ante la justicia en contra de los incrementos tarifarios.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido -entre otras entidades- anunciaron, en ese sentido, la decisión de presentar medidas cautelares ante la Justicia al entender que «la decisión sorprendió negativamente a la pequeña y mediana empresa que se siente desprotegida frente a la arbitrariedad de aumentos tarifarios que en muchos casos pusieron en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo».
Desde el sector industrial, el miembro de la Unión Industrial Argentina, el empresario salteño José Urtubey afirmó que «el fallo de la Corte Suprema se aplica a quienes presentaron el recurso, pero debería tener un efecto ‘erga omnes’, es decir un alcance respecto de todos los sectores», aunque una postura institucional sobre el tema será analizada por el Comité Ejecutivo de la entidad fabril en la reunión que mantendrá el martes próximo.
Desde la oposición, el diputado nacional Sergio Massa (Frente Renovador-UNA) dijo que el fallo «está en sintonía con las advertencias hechas al Gobierno de que no se puede aumentar las tarifas a un precio irracional porque tienen concesionarios monopólicos y hacen a la calidad de vida de la gente».
«Se piden audiencias públicas, razonabilidad en el precio y gradualidad en el aumento para salir del desastre del tarifario y energético que nos dejó el Kirchnerismo», afirmó el ex candidato presidencial al aseverar: «Necesitamos que baje la inflación, pero no a costa de que la gente no pueda comprar, así sólo se logra la paz de los cementerios».
Por su parte, el diputado y referente del bloque justicialista, Diego Bossio, dijo que el fallo de la Corte puso «racionalidad a un problema generado por el gobierno» pero advirtió que «es un avance parcial porque no comprende a sectores claves de la producción como las pymes» por lo que es necesario «otorgarles previsibilidad y certidumbre a esos sectores que dan trabajo a los argentinos».
Fuente: Télam