Se prevé que la sesión, convocada para las 11:00, será maratónica por la gran cantidad de oradores, y que incluso podría extenderse hasta la madrugada del jueves.
El interbloque Cambiemos -que reúne a las tres principales fuerzas de la alianza de gobierno, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI- y cuenta con 87 diputados, se garantizó el apoyo a la iniciativa de la Casa Rosada de los bloques que lideran los peronistas Sergio Massa (36 bancas) y Diego Bossio (17).
El oficialismo reuniría el número suficiente para que el proyecto obtenga la media sanción, pese a que la primera minoría de la Cámara baja, el bloque del Frente para la Victoria-PJ (87 diputados), votaría en contra.
El Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados establece el pago de la deuda histórica que el Estado mantiene con trabajadores pasivos por la falta de actualización de sus haberes conforme marca la ley, y a partir de distintos fallos de la Corte Suprema.
El mecanismo durará tres años, pero su vigencia podrá ser prorrogada por el Congreso por otros tres, aunque el gobierno de Mauricio Macri prevé pagar en dos años la deuda con 2,4 millones de jubilados.
De ese universo de jubilados, hay tres grupos: quienes ya tienen sentencia firme a su favor por planteos judiciales sobre la falta de actualización de sus haberes; quienes le iniciaron juicio a la ANSeS pero aún no obtuvieron fallo, y quienes están en condiciones de reclamar el pago de la deuda pero no realizaron ninguna acción judicial.
Según el dictamen, los del primer grupo tendrán una mejora en sus haberes mensuales del 50% (es decir que si cobran 10.000 pesos, una vez homologado el acuerdo para el pago de la deuda pasarán a cobrar 15.000 pesos); los del segundo grupo, del 40%, y los del tercer grupo, del 35%.
El Estado hará frente a estas erogaciones con el Fondo de Sustentabilidad de Garantía (FGS) que está compuesto por una serie de activos que suman en la actualidad 770 mil millones de pesos, mientras la deuda por sentencias firmes alcanza a 50 mil millones de pesos, a la que se añade un flujo anual de 75 mil millones.
Una segunda fuente principal para el pago de la deuda previsional será lo recaudado por el régimen de blanqueo de capitales, que es el otro gran capítulo de esta ley ómnibus.
La pauta de recaudación del blanqueo de capitales que maneja el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, es de 20 mil millones de dólares, aunque estiman que podrían recaudar aún más.
El proyecto crea, además, la Pensión Universal para la Vejez, que supone el 80% del haber mínimo jubilatorio para todas las personas mayores de 65 años, siempre que no cobren jubilaciones ni pensiones.
La ley ómnibus cuenta con un anexo en el que se formaliza el acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior y los gobernadores para devolución del 15 por ciento de la coparticipación federal que la Nación les retiene a las provincias para financiar la Anses.
Esta devolución será en cinco cuotas anuales del 3% cada una. El proyecto también autoriza a vender acciones que la Anses tiene en empresas privadas.
Estas acciones representan el 9,2% del FGS y el organismo previsional podrá vender siempre y cuando la porción no baje del 7%; por debajo de ese 7% deberá pedirle autorización del Congreso, salvo casos de canjes de acciones y Ofertas Públicas de Adquisición (OPA). Asimismo, la cantidad de acciones no podrá superar el 50% del FGS.
El proyecto también establece un mecanismo de pago del Estado nacional de una deuda que mantiene con 13 provincias que transfirieron sus cajas previsionales a la Anses durante los años 90 y una moratoria para las restantes 11 provincias que sí transfirieron sus cajas previsionales y que mantienen un pasivo con la Nación en concepto de aportes patronales.
Fuente: El Once