El congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) decidiría hoy aplicar un paro de actividades el próximo lunes, cuando comiencen oficialmente las clases en la provincia.
La medida de fuerza se extendería entre 48 y 72 horas, aunque hay seccionales de Agmer que llevan mandato de extender todavía más la huelga, disconformes con la última oferta salarial que presentó el Gobierno el martes en el marco de la reunión paritaria.
Al menos 12 de las 17 seccionales de Agmer llegarán con el mandato de un paro de 72 horas al congreso provincial de la entidad gremial que hoy, desde las 9, sesionará en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Rosario del Tala. Así se desprende de un relevamiento de El Diario de Paraná.
«Los mandatos son de rechazo absoluto a la propuesta. Aunque los no son unánimes respecto al paro: van de las 48 horas hasta las 72 horas, aunque hay lugares que van con mandato de un paro de 96 horas», reconoció un dirigente gremial.
La incógnita, además, es de qué modo el congreso decidirá llevar a la práctica esas medidas de fuerza. Una mecánica que se impuso durante 2015 fueron los «paros sorpresa», un camino para evitar la judicialización de las protestas por cuanto al inicio del ciclo el Gobierno logró frenar las huelgas con recursos ante la Justicia. Un camino sería que el propio congreso disponga la modalidad de la protesta; el otro, que la comisión directiva central de Agmer decida cuándo ejecutar los paros.
DISCUSIÓN. El martes 23, luego de una primera reunión el viernes 19, en la que no se pudo avanzar demasiado en la propuesta salarial que tenía el Gobierno, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, puso sobre la mesa de la negociación paritaria, en la Secretaría de Trabajo, una oferta «mejorada» a la que hizo pública el Gobierno nacional.
Entre Ríos ofreció abonar un aumento acumulativo del 27%, en dos tramos: un 17% a partir del 1º de marzo, y otro 9%, desde el 1º de julio. De ese modo, el mínimo garantizado de bolsillo para el cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, pasaría de los actuales $6.800 a $7.850, desde marzo, y a $8.650, desde julio.
De ese modo, la provincia pretendía quedar por encima del piso nacional, que fijó un monto de $7.800 en marzo, y de $8.500 en julio.
Pero el titular de Agmer, Fabián Peccín, hizo lo que no es corriente: adelantó, no bien concluyó la reunión paritaria, una opinión contraria a la oferta salarial. El dirigente se mostró pesimista por el ofrecimiento, y dijo que «nosotros la hemos valorado como una propuesta insuficiente, que pondremos a consideración de todos los docentes. Si bien tiene algunas variantes en los porcentajes de los diferentes cargos del escalafón, atendiendo algunos puntos reclamados por el gremio, como un aumento progresivo en el adicional para cargos directivos de primaría y supervisores, no ocurre así en el resto» de los planteos.
Uno de los reclamos del sindicato que no fue atendido se refiere al blanqueo del Fondo de Incentivo Docente, que seguirá pagándose en negro y por eso mismo no alcanza a los jubilados. «Hoy nos encontramos con una propuesta en la que está incluido en el porcentaje de aumento el Fondo de Incentivo Docente, el cual reclamamos que el Estado provincial se haga cargo de ese blanqueo para que también los jubilados lo puedan percibir», aseguró Peccín.
JUDICIALIZACIÓN. Lo que hoy finalmente resuelva el congreso de Agmer deberá ser comunicado al Gobierno en la tercera reunión de la mesa paritaria, que tendrá lugar mañana, en la Secretaría de Trabajo. Sólo entonces las partes quedarán en libertad de acción para adoptar las medidas que crean conveniente: el sindicato, ir eventualmente al paro; y el Gobierno, seguir el camino de la Justicia, para pedir que dicte la conciliación obligatoria y frustre cualquier medida de fuerza que entorpezca el inicio de clases, este lunes 29.
A mitad de 2015 el Gobierno apeló a esa vía. Fue después del receso escolar de invierno, cuando un amparo y una medida cautelar interpuesto por el defensor general del Superior Tribunal de Justicia, Maximiliano Benítez, tuvo acogida favorable en la jueza de feria Cecilia Bértola, y después, en el juez Penal de Menores, Pablo Alejandro Barbirotto.
El jueves 23 de julio, Benítez interpuso un amparo y una medida cautelar, que resolvió al día siguiente, en medio de la feria judicial, la jueza Cecilia Bértola. La magistrada ordenó a los gremios suspender el paro de 48 horas previsto para el lunes 27 y el martes 28, pero no resolvió respecto del amparo, que quedó en manos del juez Barbirotto. Entonces, la estrategia de los sindicatos docentes fue acatar la medida judicial, y así buscar que se declare abstracto el amparo. Esa vía no prosperó. El defensor General pidió que el amparo sea resuelto y eso hizo el magistrado. Barbirotto ordenó a los sindicatos «ajustar el ejercicio constitucional del derecho de huelga para que no se desnaturalice, evitándose de este modo la adopción de medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación de los niños, sin que ello impida la prosecución de los reclamos del sector docente».
En su fallo, el juez dijo que «debe reencausarse la instancia de resolución del conflicto en el ámbito legítimo de la negociación, correspondiéndole al Estado entrerriano intensificar los esfuerzos para avanzar en la negociación, hasta tanto se logre un acuerdo, pero necesariamente con el sistema educativo en funcionamiento y con los niños ejerciendo su derecho a recibir educación en forma continua y regular, y asegurando el cumplimiento del ciclo lectivo, atendiendo también el derecho de los padres a que sus hijos sean educados».
El fallo podría ser jurisprudencia, aunque nadie se atrevía ayer a aventurar que el gobierno de Gustavo Bordet intente otra vez el camino de la Justicia.
Días
Durante el ciclo lectivo 2015 en la provincia hubo un total de 9 días de huelga, por lo cual no se pudo cumplir el calendario de, al menos, 180 días que ordena la ley.